Pantallazo sobre algunos aspectos de la lucha contra la instalación del Proyecto San Jorge en Mendoza

Hace poco más de un mes la Legislatura provincial aprobó, mediante sus dos Cámaras, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA 2025) del Proyecto San Jorge (PSJ), emprendimiento megaminero metalífero.

El proyecto, que con la aprobación de la DIA, tiene licencia desde lo institucional para iniciarse, es un diseño que afecta a lo comunitario fundamentalmente en dos aspectos importantísimos: el económico-social y el ambiental.

21/01/26

Ana María Volpe , Mendoza. Para Karne de Máquina

La falacia del desarrollo

Argentina no cuenta con explotación de cobre, metal que tendría importancia en la transición energética. Por eso este proyecto tiene características de experimental. Respecto del oro que también se obtendría, debemos hacer notar que la mayor parte del metal que se obtiene de la megaminería contaminante está destinado, según especialistas, a las reservas de los países y a la industria bélica.

Desde el punto de vista de lo económico, podemos hablar de un flagrante saqueo, que se observa a simple vista y de una forma brutal. La legislación minera actual permite el despojo de los bienes naturales, agravado ahora por la vigencia del RIGI. Esto se verifica no sólo en Mendoza sino en otras provincias que han apostado por la megaminería, como San Juan y Catamarca. Las regalías mineras son insignificantes (el 3 % sobre el valor “boca mina”, o sea el mineral sin transformación, según el art. 22 de la Ley nacional 24.196 del año 1993, sin que pueda superar jamás el 5%) y no existe casi control acerca de lo que se llevan las empresas respecto de cantidades ciertas y composición del material declarado. Se estaría exportando una suerte de “caldo mineral” sin ningún tipo de procesamiento del material tendiente a la industrialización propia, de transformación en el lugar, o de creación de cadenas de valor, por ejemplo, como para que se verificara realmente alguna intención concreta de desarrollo provincial. Por dar un ejemplo, la minera se llevaría el cobre sin procesar tributando a la provincia un 3% del valor que declara y luego se nos vendería el cable de cobre a valores mucho más altos. Todo esto es parte de un modelo de “no desarrollo”, que nos mantiene siempre sometidos en calidad de proveedores de materia prima a muy bajo costo y perpetuando la dependencia económica.

Como datos que pongan un poco más en perspectiva lo que se afirma, tengamos en cuenta que las mineras privadas que explotan el litio en Chile -puestas como gran y corriente ejemplo por los pro mineros- pagan regalías que fluctúan entre el 6.8 y el 40% (https://chequeado.com/el-explicador/litio-cuanto-pagan-las-mineras-y-que-pasa-en-chile-y-bolivia/).

La megamina estatal de cobre El Teniente opera desde principios del siglo pasado representando un verdadero peso en la economía. Si bien aparenta ser un mito este de que toda minera tributa mucho más en Chile o Bolivia que en Argentina, en estos países existiría una tendencia a la estatización y sí generan muchos más puestos de trabajo. El Proyecto San Jorge, en cambio, tendría una duración de alrededor de 16 años, una especie de “toco y me voy” de manera de exprimir todo lo posible en beneficio de la minera a la tasa mínima de pago de regalías, y dejando al irse daños dramáticos e irreversibles en el ambiente natural.

El gobierno radical, aliado estratégico del gobierno nacional y quienes lo sostienen, está absolutamente comprometido con la minería en manos privadas. Luego del fracaso del año 2019, cuando tuvo que bajar el proyecto por la gigantesca movilización popular, esta vez se ha plantado en una postura inflexible que desvaloriza y desvirtúa toda objeción que se realice desde el campo popular. Esto implica que no repare en poner en práctica todo tipo de acciones para imponerse. Entre ellas está el trabajo mediático que combina por un lado la divulgación de datos y supuestos falsos y por otro la falta de difusión del trabajo de las asambleas y organizaciones que denuncian y movilizan por la no aceptación de las condiciones de la minera.

Entre estos supuestos falsos está el caballito de batalla del “desarrollo”. En una provincia que tiene una matriz productiva que ha resultado insuficiente para dar trabajo e inclusión a todos los habitantes y que tiene zonas históricamente relegadas y con problemas agudos relacionados con el trabajo, esgrimir que las mineras van a contribuir a solucionar este tema tiene un gran peso en la opinión pública. Sin embargo, y con respecto puntualmente a la minera San Jorge, las cifras y actividades que proponen no alcanzan a producir un cambio económico y social en el aspecto laboral. Los aproximadamente 2.800 puestos de trabajo que cacarean -entre reales y asociados-, reducidos a menos de 400 puestos estables, no van a tener impacto ni siquiera en la zona de Uspallata.

Es sencillo notar, aun en la complejidad de la situación, cómo el criterio cierto que se verificará en la práctica es el del más burdo y repulsivo despojo de todo tipo de recurso, con la complicidad hasta de los grandes productores, siempre de algún modo implicados por sus intereses de clase en los beneficios de este tipo de emprendimiento.

El gravísimo riesgo ambiental

El segundo aspecto, que es el más sensible para el grueso de la población mendocina, es el ambiental.  

La minera declara que va a extraer cobre. Se sabe también que en la zona de explotación hay oro e incluso plata. Si bien no usaría el cianuro para tales fines sí va a poner en práctica formas de explotación propias de la megaminería que permiten esperar con mucha certeza que se termine contaminando la cuenca del Río Mendoza por proximidad de las subcuencas interconectadas, sin hablar del ecosistema del arroyo El Tigre, del cual obtendría el agua necesaria. Esta red hídrica abastece a la mayor parte de la población.

Al respecto hay que mencionar que, entre otras irregularidades de la DIA, el volumen de agua declarado para la iniciación del proyecto es de 141 l/s, lo que equivale a unos 4.4 millones de litros al año, que según los estudios ambientales, no alcanzaría al caudal ecológico mínimo como para respetar el ambiente natural en años secos o en invierno (https://eleditormendoza.com.ar/sociedad/san-jorge-y-la-sequia-sombrio-pronostico-el-arroyo-que-usara-la-minera-sacar-oro-y-cobre-n5374871).

La situación del agua

Mendoza tiene actualmente una gravísima realidad respecto del agua de uso. Por sequías, sobreexplotación histórica de la cuenca en la parte alta y las particulares características del uso de los pozos -muchos de ellos acaparados por entrega también a capitales sin ningún interés en el bien común-, el agua es un bien escaso, frágil y en riesgo permanente. Es obvio para cualquiera, salvo para la gestión Cornejo y aliados, que no están dadas las condiciones para aumentar aún más los riesgos sobre los recursos vitales de la población.

A  esto se suma la dudosa injerencia de la empresa israelí de gestión del agua, Mekorot, denunciada por una serie de aspectos vinculados al apartheid hídrico en contra de Palestina. Mekorot desembarcó en Mendoza  de la mano de Wado de Pedro en el año 2022, con el fin de asesorar y planificar el destino y distribución del recurso hídrico.

Por otro lado, el PSJ hasta pone en serio peligro el patrimonio histórico-cultural y arqueológico de trazas del Camino del Inca que se encuentran en la zona de explotación.

La organización de la resistencia

Todo esto ha ido configurando una red de organizaciones populares que históricamente se han comprometido en el cuidado del ambiente y se oponen al PSJ:  asambleas zonales en defensa del agua pura, algunos partidos políticos minoritarios, comunidades originarias, redes barriales y la participación bastante aislada de algunos sindicatos. Son precisamente las Asambleas las que convocan y dirigen las acciones a realizar. La participación es muy significativa, incluyendo a muchos sectores de la juventud y ciudadanía independiente, aunque hay que reconocer que si bien se tiene en claro que la lucha recién empieza y se dirimirá en la calle, todavía no alcanza para tener un peso que pueda torcer decisiones, como sucedió en el 2019 con la defensa de la Ley 7722.

Hace unos días atrás, se sufrió un revés legal ya que la justicia provincial desestimó las cautelares interpuestas para frenar el inicio del PSJ, alegando que los demandantes no probaron técnicamente un daño concreto, grave e irreparable. El juez consideró que no se puede aplicar el principio precautorio, a pesar de los numerosos informes de especialistas y hasta del CONICET (https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/6573/mendoza-la-justicia-rechazo-las-cautelares-y-volvio-a-habilitar-el-avance-del-pr). Este es otro hecho que marca el compromiso de la Justicia provincial con el poder económico y político.

A propósito, el caso del CONICET merece mención, ya que produjo un informe muy crítico, previo al tratamiento de la DIA en la Legislatura, que fue colgado en la página oficial del organismo. Sin embargo, y según se atribuiría a las presiones de la propia vicegobernadora Hebe Casado, se decidió desde la dirección silenciar la investigación y bajar el informe el mismo día de la sesión de Diputados, que de todos modos circula en forma de capturas de pantallas y copias, y cambiarlo por otra tibia declaración que puede consultarse en el mismo sitio.

Actualmente, la resistencia contra la minera continúa expresándose mediante distintas convocatorias, actividades, acampes, marchas y declaraciones (véase la programación cotidiana en https://whatsapp.com/channel/0029Vb7P57G5PO1743LiCO3P).

Pendientes y debates

Los temas y acciones pendientes son muchos, por la complejidad de la realidad social, la idiosincrasia de la comunidad muy poco crítica con el poder político actual, las necesidades objetivas de la población, las defecciones de la oposición mayoritaria representada por el PJ y otras fuerzas extractivistas, la determinación patoteril del gobierno, encarnado en los dichos de Cornejo y Hebe Casado, la ausencia de organizaciones sindicales grandes, incluso la época del año. Que crezcan la conciencia y la movilización es el desafío. Los riesgos son que las fuerzas se diluyan y la protesta se integre en algo así como otro pintoresquismo del paisaje urbano. Es a ese desgaste que juega el gobierno y lo que hay que evitar.

Hay debates muy profundos que deben generalizarse, y no sólo en Mendoza: los bienes comunes como derecho, como territorio comunitario, el modelo de desarrollo, la matriz productiva, el valor de la historia y los lugares, el amor por las montañas y la Naturaleza, el futuro que imaginamos. Y al que vamos a poder acceder, nosotros y sobre todo, nuestros niños si no luchamos hoy. Más que nunca es necesaria la sensibilidad y la voluntad de accionar para no convertirnos en zona de sacrificio.

Sigamos caminando y revitalizando ideas.

“Mendoza es hija del agua”.