Monotributistas, Trabajadores sin derechos, antes y después de la Reforma Laboral.
- Omar Rombolá
- 31 mar
- 7 Min. de lectura
Omar Rombolá Para Karne de Máquina
Un Sistema muy aceitado, el monotributo.
El sistema laboral argentino ha naturalizado el fraude, el cotidiano, el microscópico, el que se mete en la vida de millones de trabajadores bajo la forma prolija de un comprobante “C” y una clave fiscal.
Un 14% de los trabajadores que está bajo relación de dependencia, cumple un horario y cobra salario fijo todos los meses se encuentra registrado ante el Estado como monotributista.
El monotributo, concebido como herramienta de inclusión para trabajadores independientes, devino en una máquina de precarización sistemática. Empresas, entidades de profesionales, ONGs y hasta fundaciones, lo utilizan como dispositivo para encubrir relaciones laborales de dependencia. Lo que se presenta como “autonomía” es, en la práctica, subordinación sin derechos.
El mecanismo es conocido, pero no por eso menos violento: el trabajador factura todos los meses a un único “cliente”, cumple horario, recibe órdenes, utiliza herramientas provistas por la empresa y, sin embargo, no tiene aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni licencias por enfermedad, ni cobertura frente al despido. Es decir: trabaja como empleado, pero es tratado como proveedor externo.
La ficción jurídica se sostiene con contratos que rozan lo grotesco. Conozco una entidad de profesionales que obliga a su personal de limpieza a firmar contratos semestrales donde la persona figura como “titular de una empresa de servicios”.
En el papel, esa trabajadora sería responsable incluso de proveer sus propios insumos de limpieza. En la realidad, limpia todos los días el mismo lugar, bajo supervisión, con elementos que no compra ella y en condiciones que cualquier juez laboral reconocería como relación de dependencia. Pero el truco está en el papel: en esa narrativa escrita donde el patrón desaparece y el trabajador se convierte en empresario de sí mismo.
La perversión no es solo económica; es también simbólica. Se le exige al trabajador que asuma el lenguaje del capital, que se piense como emprendedor, que firme su propia negación. No alcanza con explotarlo: hay que convencerlo de que es libre.
La llamada “modernización laboral” incorporada en la Ley Bases introduce la figura del “trabajador independiente con colaboradores”. Traducido al lenguaje llano: un monotributista puede “contratar” a otros monotributistas —hasta tres— para desarrollar una actividad productiva, sin que exista relación de dependencia entre ellos.
La norma establece que todos deben ser formalmente independientes, aportar por su cuenta y asumir los riesgos de la actividad. También aclara —como gesto defensivo— que no debe existir subordinación. Pero en un mercado laboral atravesado por la precarización, esa condición es más un enunciado que una garantía.
En un país donde el fraude laboral vía monotributo ya es práctica extendida, introducir una figura que legitima cadenas de “independientes” trabajando para un mismo fin económico es, como mínimo, abrir una puerta peligrosa. Una puerta donde el patrón puede desaparecer en capas sucesivas de tercerización: ya no contrata empleados, contrata “independientes” que a su vez contratan otros “independientes”. Una especie de pirámide de precarización.
El Estado, el mayor operador de fraude.
Porque si hay un actor que ha perfeccionado el uso del monotributo como mecanismo de fraude laboral, ese es el propio Estado en sus distintos niveles. Nacional, provincial y municipal. El mismo que legisla, el mismo que debería controlar, es también uno de los principales empleadores precarizantes.
Basta mirar algunos ejemplos:
Los reclamos de monotributistas por el pase a planta permanente no son episodios aislados sino una constante estructural. Desde trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social en La Pampa —con hasta seis años sin aportes ni estabilidad— hasta profesionales de la salud que sostuvieron el sistema durante la pandemia y quedaron fuera de la regularización, las denuncias se repiten en todo el país. En municipios como General Pico hay casos de trabajadores que llevan más de una década facturando al Estado, mientras que en Córdoba, trabajadoras del Polo de la Mujer denunciaron salarios por debajo de la canasta básica y ausencia total de derechos laborales.
En organismos del Estado nacional, como por ejemplo el INDEC, durante años se incorporaron miles de trabajadores bajo la modalidad de monotributo o contratos de locación de servicios, cumpliendo funciones permanentes. Denuncias impulsadas por la Asociación Trabajadores del Estado derivaron en múltiples reclamos judiciales por pase a planta.
En hospitales públicos, profesionales de la salud han judicializado su situación tras años de trabajo como monotributistas. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina ha acompañado casos de médicos que lograron el reconocimiento de la relación laboral en la Justicia.
En universidades públicas, también en las privadas, docentes contratados como monotributistas han denunciado la precarización estructural. La Federación Nacional de Docentes Universitarios ha visibilizado conflictos donde trabajadores reclamaron estabilidad tras años de tareas permanentes.
A nivel municipal, la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina ha registrado numerosos casos de trabajadores que, tras litigios, lograron que se reconozca la relación de dependencia encubierta.
Pero más allá de las estructuras colectivas, hay historias concretas. Nombres que muchas veces no llegan a la tapa de los diarios, pero que dejan huella en la jurisprudencia:
Distintos fallos de la Cámara Nacional del Trabajo han reconocido relación de dependencia en trabajadores monotributistas del Estado que cumplían funciones habituales, aplicando el principio de primacía de la realidad por sobre la forma contractual.
Casos de trabajadores de programas estatales (culturales, sociales, sanitarios) que, tras años facturando como monotributistas, iniciaron demandas judiciales y obtuvieron indemnizaciones por despido encubierto. Muchos de estos procesos fueron impulsados con el respaldo de ATE y otras organizaciones gremiales.
Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (2016–2023)Durante distintos momentos —especialmente bajo el macrismo y luego con tensiones en el Frente de Todos— hubo movilizaciones y acampes de trabajadores contratados como monotributistas que cumplían funciones permanentes. Reclamos de pase a planta, estabilidad laboral, fin del fraude contractual, con asambleas, cortes, permanencias en el ministerio. Lo que denunciaban era que realizaban tareas estructurales sin derechos básicos (aguinaldo, vacaciones, ART).
CONICET y sistema científicoBecarios y contratados denunciaron durante años una situación híbrida: no eran reconocidos como trabajadores formales pese a cumplir tareas laborales.
Aunque no siempre monotributistas en sentido estricto, el esquema funcionaba como precarización encubierta. Hubo movilizaciones importantes (por ejemplo en 2016 contra los recortes) donde también se planteó el reconocimiento laboral pleno.
Hospital Posadas y otros hospitales públicosTrabajadores de la salud bajo contratos precarios (muchos monotributistas) realizaron paros y movilizaciones, reclamando pase a planta, condiciones laborales, reconocimiento como personal de salud.
En pandemia de COVID-19 se visibilizó fuertemente esta contradicción (trabajadores “esenciales” sin derechos laborales).
Gobiernos locales (municipios y CABA)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)Uno de los casos más extendidos.
Miles de trabajadores en áreas como educación, salud y desarrollo social contratados como monotributistas. Hubo reclamos sostenidos de organizaciones como ATE y agrupaciones independientes. Ejemplo: docentes de programas socioeducativos y equipos de orientación escolar.
Municipalidad de La PlataCasos reiterados de trabajadores precarizados (muchos bajo monotributo o figuras similares). Reclamos por pase a planta y regularización. Denuncias sindicales sobre uso estructural de figuras precarias para funciones permanentes.
Educación y programas sociales
Programas socioeducativos nacionales y provincialesTrabajadores de programas como “FinEs” o talleres territoriales muchas veces fueron contratados como monotributistas. Estos trabajadores reclamaron estabilidad, continuidad laboral, reconocimiento como docentes/trabajadores estatales.
Rasgos comunes de las diferentes luchas y reclamos
El Estado como principal precarizador, usa el monotributo para evitar responsabilidades laborales, impulsando tareas permanentes con contratos “temporales”, una ficción legal.
Fragmentando a los trabajadores para dificultar la organización colectiva.
Lectura política
Esto no es una anomalía, sino un sistema aceitado, el monotributo es utilizado como dispositivo de disciplinamiento laboral. El trabajador “independiente” que depende de un solo empleador (muchas veces el propio Estado) es la figura perfecta: sin derechos, sin estabilidad, sin capacidad real de negociación.
El mismo Estado que debería garantizar derechos laborales es uno de los principales arquitectos de su degradación.
Incluso el propio sistema estadístico ha reflejado esta realidad: informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran el peso creciente de formas de empleo sin derechos plenos dentro del sector público ampliado.
Una vuelta de rosca al fraude laboral
En ese contexto, la introducción de la figura del “colaborador independiente” en la Ley Bases no aparece como una anomalía, sino como continuidad. Es la formalización de una lógica que el propio Estado viene aplicando desde hace años: fragmentar el vínculo laboral, diluir responsabilidades, transferir riesgos al trabajador.
Desde el punto de vista legal, la cuestión sigue siendo la misma: rige el principio de primacía de la realidad. Si hay subordinación, hay relación laboral, aunque la llamen “colaboración”. Pero entre la ley y su aplicación hay un terreno donde manda otra cosa: el miedo a perder el ingreso, la fragmentación y la soledad del trabajador.
El problema no es técnico, es político.
La expansión del monotributo como forma de fraude laboral —ahora reforzada con figuras como la del “colaborador independiente”— responde a una lógica clara: Fragmentar, individualizar, convertir cada vínculo laboral en un contrato aislado, sin derechos comunes ni capacidad de organización.
No es modernización, ni libertad, es la manera de romper las relaciones laborales abaratar costos e intentar fragmentar a una clase trabajadora que, unificada y organizada, ya dio muestras de su potencial de lucha y posibilidad de construirse a sí misma como Sujeto Revolucionario.
Referencias
Ley N.ª 27.742 (“Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”), art. 97.
Decreto 847/2024 (reglamentación del régimen de colaboradores independientes).
Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre monotributo y relación de dependencia.
Informes y denuncias de la Asociación Trabajadores del Estado.
Informes de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.
Informes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.
Informes de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Documentos de la Organización Internacional del Trabajo.
Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744.
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