Endeudarse para comer: la asfixia en las familias obreras

Omar Rombolá para Karne de Máquina

En la Argentina de 2026, miles de familias trabajadoras ya no se endeudan para comprar un terreno, auto o una heladera, se endeudan para comer.

Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, expone con crudeza esta realidad. El crecimiento del crédito al consumo desde diciembre de 2023 alcanzó el 57%, mientras la morosidad de los hogares llegó está entre un 10% en créditos bancarios y a un 25 % en las billeteras virtuales y la de los créditos destinados al consumo trepó al 12,1%, el nivel más alto registrado desde 2009, incluso por encima del período de pandemia.

La morosidad de los hogares llegó está entre un 10% en créditos bancarios y a un 25 % en las billeteras virtuales

Lejos de expresar una mejora en el acceso al financiamiento, estos números revelan otra cosa: el salario dejó de alcanzar para cubrir las necesidades más elementales.

Un relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA muestra una caída generalizada de las ventas y un aumento del endeudamiento de los hogares. La tarjeta de crédito se volvió el salvavidas de millones de familias que ya no llegan a fin de mes.

Tasas usureras y el silencio del Banco Central

La desesperación por cubrir el bache de los últimos diez días del mes ha empujado a miles de familias hacia el sistema financiero digital, muchas veces sin medir las consecuencias. “Hay un 25% de mora en billeteras virtuales, se están dando créditos con intereses que son usureros directamente, del 180% efectivo anual en la principal billetera virtual de Argentina”, advirtió el consultor. Esta situación ha llevado a que muchas personas, ante el ahogo financiero, opten por soluciones desesperadas como desinstalar las aplicaciones creyendo que así la deuda desaparece.

La propia UBA señala que el fuerte aumento de las tarifas y los servicios modificó la estructura del gasto familiar. Mientras la inflación acumulada de bienes fue cercana al 170%, la de los servicios rondó el 362%. Como consecuencia, una porción cada vez mayor del ingreso de los trabajadores se destina a pagar luz, gas, transporte, alquileres y otros servicios, dejando menos dinero disponible para alimentos y artículos esenciales.

Un informe de AtlasIntel y Bloomberg

El 82,8% de quienes se endeudaron lo hizo para comprar alimentos, lo que refleja un cambio estructural: el crédito dejó de ser una herramienta para consumo o inversión y pasó a ser un recurso de supervivencia. A esto se suma que el 60,7% lo utilizó para pagar servicios básicos y el 45% para cubrir deudas anteriores, configurando un círculo difícil de romper. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, además, el 45% tuvo que endeudarse para pagar el alquiler.

El resultado aparece en las góndolas. Las tarjetas de crédito ya representan el 43% de las compras en supermercados, desplazando al débito y al efectivo. Comprar comida en cuotas dejó de ser una excepción para transformarse en una práctica cotidiana de millones de hogares.

Detrás de cada tarjeta al límite hay una historia de ajuste. Trabajadores registrados, precarizados, jubilados, cooperativistas y desocupados sostienen el consumo con préstamos personales, billeteras virtuales, financieras y créditos que luego resultan imposibles de pagar.

Según el último relevamiento de la consultora Centrix el 65% de los argentinos agota sus ingresos el día 20 y debe endeudarse para cubrir gastos básicos, mientras que solo el 23% logra llegar a fin de mes. Con tasas de hasta el 180% en billeteras virtuales y una mora creciente.

La deuda funciona así como un mecanismo de disciplinamiento social. Quien debe tres o cuatro salarios al banco piensa dos veces antes de perder el empleo. Quien llega al límite de la tarjeta acepta horas extras, sobrecarga laboral o peores condiciones de trabajo para intentar sostener una economía familiar que ya no cierra.

No es casual que el crecimiento del crédito conviva con una caída persistente del consumo y las ventas. La aparente estabilidad económica se sostiene sobre hogares cada vez más endeudados y con menor capacidad de compra. La economía no se recupera: se financia con deuda privada de las familias.

En los sectores populares la situación es aún más dramática. Diversos estudios muestran que el endeudamiento golpea especialmente a los hogares de menores ingresos, donde el crédito se utiliza para afrontar gastos cotidianos y no inversiones. En muchos casos, las mujeres jefas de hogar terminan asumiendo nuevas deudas para sostener las tareas de cuidado y garantizar la alimentación de sus familias.

Mientras tanto, la respuesta del poder político y económico consiste en recomendar "educación financiera", como si el problema fuera administrar mejor un salario que ya no alcanza. No hay aplicación de finanzas personales capaz de resolver que millones de trabajadores deban financiar el changuito del supermercado con intereses. Y por otra parte el gobierno deja en claro que no habrá ningún tipo de salvataje a las familias obreras: “Bausili, presidente del central, dejó muy en claro que el gobierno no va a intervenir en nada que tenga que ver con el endeudamiento familiar porque lo consideran un tema de privados y que los bancos tendrán que resolver sus carteras de deuda”.

La verdadera discusión es otra: salarios pulverizados, jubilaciones de miseria, despidos, precarización laboral, tarifazos y un modelo económico que traslada la crisis sobre las espaldas de quienes viven de su trabajo.

Cuando el deudor es el pueblo, que pague. Cuando el deudor es una empresa, aparece el Estado.

Mientras millones de trabajadores sobreviven pagando los alimentos con tarjeta de crédito, refinanciando préstamos o recurriendo a financieras para llegar a fin de mes, el Gobierno no ofrece ningún plan de rescate para las familias endeudadas. La respuesta oficial es siempre la misma: ajuste, responsabilidad individual y disciplina fiscal.

Sin embargo, esa lógica parece cambiar cuando los deudores son las grandes empresas.

El Ejecutivo impulsa un esquema para compensar y reducir las millonarias deudas que distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA, que llega a USD 1.842 millones argumentando que durante años las tarifas estuvieron retrasadas respecto de sus costos.

El 69% de ese monto corresponde a Edenor, Edesur y las distribuidoras del Grupo DESA. Dentro de ese total, Edenor concentra unos USD 438 millones, Edesur USD 345 millones y las empresas del Grupo DESA alrededor de USD 474 millones.

 El mismo Gobierno que condena los subsidios otorgados durante las gestiones anteriores sostiene ahora que corresponde reconocerles ingresos que, según las compañías, dejaron de percibir.

La contradicción es evidente. Si el atraso tarifario justifica aliviar las deudas empresarias, pese a haber recibido subsidios millonarios por parte del Estado ¿por qué la caída del salario, la inflación y los tarifazos no justifican un alivio para las familias trabajadoras que hoy se endeudan para comer?

Por qué si las tarifas estaban, según el gobierno “bajas”, merecen una compensación, y no la merecen salarios por debajo de la línea de pobreza. El retraso tarifario sería compensado y no así el retraso salarial.

De la misma manera a los precios los determina el mercado de manera libre, en cambio los salarios son regulados y pisados por el gobierno en el Ministerio de trabajo, no homologando aumentos por encima de lo que el gobierno determine, un liberalismo económico selectivo, en verdad un liberalismo que hace lo que siempre hizo gobernar en favor de la clase dominante.

No hay condonación para quien no puede pagar la tarjeta de crédito después de comprar alimentos. No hay rescate para el jubilado que financia los medicamentos en cuotas. No hay plan especial para el trabajador cuyo sueldo quedó pulverizado por la inflación y los aumentos de los servicios.

Esta diferencia revela que el problema no es la deuda en sí misma, sino quién la tiene. Cuando la deuda pertenece a los sectores populares, se transforma en un problema individual. Cuando pertenece a los grandes grupos económicos, se convierte en una cuestión de "equilibrio del sistema" que merece la intervención del Estado.

Por eso, el debate no puede reducirse a números contables. La verdadera discusión es quién paga los costos de la crisis y quién recibe la protección del Estado.

La salida está en la lucha, en los lugares de trabajo y en las calles.

Mientras el pueblo trabajador es empujado al endeudamiento para sobrevivir, las grandes empresas negocian el perdón de obligaciones millonarias. Esa desigualdad no se resolverá con más créditos ni con refinanciaciones: solo podrá revertirse mediante la organización colectiva y la lucha en las calles para imponer una salida que priorice las necesidades de las mayorías por sobre los intereses de los grupos económicos.

La historia del movimiento obrero argentino demuestra que ningún derecho fue conquistado esperando que el mercado corrigiera sus excesos. Las ocho horas de trabajo, las vacaciones pagas, las paritarias o las jubilaciones no surgieron de la buena voluntad de los gobiernos ni de los empresarios. Fueron producto de la organización colectiva, la huelga y la movilización.

Hoy ocurre lo mismo. El endeudamiento no se resolverá refinanciando tarjetas ni tomando nuevos préstamos para cancelar los anteriores. La única salida de fondo pasa por recuperar el poder adquisitivo de los salarios, defender cada puesto de trabajo, enfrentar las políticas de ajuste y reconstruir la organización desde los lugares de trabajo, los barrios y las calles.