MALVINAS: PETRÓLEO, PESCA — EL SAQUEO AVANZA.
Milei empujado por especulaciones electorales comete una torpeza, pone en agenda al RIGI.
Omar Rombolá para Karne de Máquina
Mientras Milei intenta balbucear un discurso de soberanía sobre Malvinas, el proyecto petrolero Sea Lion avanza y expone una trama de saqueo, negocios y fusiones empresariales que llega hasta compañías vinculadas al RIGI. Petróleo, pesca y recursos naturales en disputa: las contradicciones de un gobierno que denuncia el saqueo en las islas mientras blindan grandes capitales para explotar las riquezas fronteras adentro.
Creo que jamás pensaron aquellos que, en una habitación de
un hotel de EE. UU. con una sábana rota y un poco de pintura, que iban a desatar un sentimiento nacional dormido y una trama que se vino a sumar a la miseria creciente otro elemento de demolición de la imagen de un gobierno ya en declive.
El Proyecto Sea Lion
Mientras Javier Milei intenta mostrarse ahora como un
defensor intransigente de la soberanía argentina sobre Malvinas, a 220
kilómetros al norte de las islas avanza uno de los mayores proyectos de
apropiación de recursos naturales de toda la historia de la ocupación
británica: Sea Lion, un gigantesco yacimiento petrolero cuya explotación
está prevista para comenzar en marzo de 2028.
En diciembre de 2025 las compañías Navitas Petroleum,
de origen israelí, y Rockhopper Exploration, británica, tomaron
formalmente la Decisión Final de Inversión. Navitas controla el 65 % del
proyecto y Rockhopper el 35 %. Ya existe financiamiento, fueron
aprobadas las primeras etapas y el desarrollo está en marcha.
Las empresas proyectan perforar inicialmente 11 pozos
submarinos, seguidos por otros 12. La primera fase pretende recuperar
alrededor de 170 millones de barriles y alcanzar unos 50.000 barriles
diarios. El desarrollo completo estudiado por Rockhopper contempla
alrededor de 730 millones de barriles, mientras que la evaluación
independiente del yacimiento calcula recursos contingentes de hasta 917
millones de barriles. Reuters informa estimaciones todavía mayores para el
conjunto del campo, de alrededor de 1.700 millones de barriles.
Según la propia evaluación económica elaborada para Sea
Lion, la administración británica de las islas podría recibir alrededor de 3.600
millones de libras esterlinas entre 2027 y 2057, unos 109 millones de
libras anuales en promedio, sólo por impuestos corporativos y regalías
petroleras. En 2034 esos ingresos podrían llegar a 279 millones de libras en
un solo año. El esquema contempla una regalía del 9 % sobre los ingresos
petroleros y un impuesto corporativo que aporta el resto.
No se trata solamente de petróleo extraído que
es un recurso común de los argentinos. El petróleo financiará además al
propio aparato colonial instalado sobre ese territorio.
El petróleo es sólo parte del saqueo
Desde hace décadas el Reino Unido concede unilateralmente
licencias de pesca en las aguas circundantes a Malvinas. Argentina
históricamente consideró esas decisiones ilegítimas.
Las cifras de la propia administración isleña son
contundentes.
Su presupuesto para 2024/25 calculó ingresos por 36.140.392
libras esterlinas solamente por licencias pesqueras. En 2022/23 había
recibido más de 32,3 millones de libras por el mismo concepto.
Un estudio publicado por el Estado argentino documentó que
ya en 2020 se habían otorgado 222 licencias pesqueras a barcos de
distintas banderas —entre ellas España, Taiwán y Corea— generando unos 29,2
millones de libras en aquel año.
La dimensión del recurso queda todavía más clara al
compararlo con la economía pesquera argentina: en todo 2025 las exportaciones
pesqueras nacionales produjeron USD 2.010 millones, de los cuales el calamar
representó alrededor de USD 550 millones.
Gran Bretaña no sólo mantiene desde 1833 una ocupación
colonial del territorio: administra, licencia y monetiza recursos pesqueros
y ahora prepara una explotación petrolera capaz de modificar para siempre la
estructura económica y geopolítica del Atlántico Sur.
La violación de Gran Bretaña
La cuestión central suele quedar escondida detrás del
argumento británico de la “autodeterminación”.
La ONU reconoce que existe una disputa de soberanía entre
Argentina y el Reino Unido y, mediante la Resolución 2065 y resoluciones
posteriores, llama a ambos países a negociar. Además, la Resolución 31/49 insta
a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen
la situación mientras continúe pendiente la controversia.
Argentina ha denunciado reiteradamente como actos
unilaterales: la concesión de licencias de pesca; la exploración y
explotación de hidrocarburos; la extensión de licencias petroleras; la
autorización ambiental de Sea Lion; el ingreso de capitales y proveedores para
desarrollar el yacimiento; y la militarización británica permanente del
Atlántico Sur.
El desarrollo de Sea Lion se realiza sin autorización
argentina y constituye una acción unilateral incompatible con la Resolución
31/49.
A esto se agrega la presencia militar británica del buque
militar HMS Medway, destacado en Malvinas, que involucró su tránsito por
el Mar Territorial argentino sin la notificación establecida por los acuerdos
bilaterales vigentes.
Ocupación territorial, explotación pesquera, avance
petrolero, presencia militar y negativa británica a reabrir la negociación de
soberanía planteada reiteradamente por las Naciones Unidas.
Mieli y su patriotismo de último momento
La cadena nacional de Milei del 3 de septiembre debe
analizarse no solamente por lo que dijo, sino por todo lo que hizo o no hizo
anteriormente.
Ahora Milei afirma que “las Malvinas son argentinas”,
desconoce la aplicación del principio de autodeterminación a la población
implantada y anuncia sanciones contra las empresas que intervengan en Sea Lion.
También prometió fortalecer la presencia naval argentina y endurecer el régimen
jurídico contra quienes exploten recursos sin autorización nacional.
Pero en enero de 2024 Milei calificaba de “excelente” y
“muy cordial” su encuentro con el entonces canciller británico David
Cameron. Destacaba las conversaciones para aumentar inversiones del Reino Unido, profundizar los vínculos comerciales y conseguir apoyo británico ante el FMI.
En septiembre de ese mismo año, su canciller Diana Mondino
firmó con el gobierno británico una agenda de “construcción de confianza” que
contemplaba cooperación pesquera y mejor conectividad entre las islas y el
continente, incluyendo la recuperación del vuelo São Paulo–Malvinas con
escala mensual en Córdoba.
El comunicado oficial británico decía explícitamente que esas medidas buscaban promover el “desarrollo humano y económico” y fortalecer los vínculos entre las islas y el continente. Al mismo tiempo Londres fortaleció su dispositivo militar,
siguió concediendo licencias pesqueras e impulsó que Sea Lion avanzara hasta la
decisión final de inversión.
El mismo Milei que hoy pretende presentarse como heredero de
la causa nacional ha reivindicado públicamente a Margaret Thatcher, la
primera ministra que condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982.
Tampoco hay que olvidar que Javier Milei luego de su ascensión a la presidencia en una entrevista que concediera a la BBC afirmó que las Malvinas “No son argentinas y que nunca lo serán” y que había que resignarse tras la derrota en la guerra de 1982. Pero hay contradicciones aún mayores.
De la entrega abierta al discurso malvinero
No se puede reivindicar a Thatcher, buscar una relación
privilegiada con Londres, ofrecer cooperación y conectividad mientras la
potencia ocupante consolida sus intereses y después, cuando el petróleo está
próximo a salir y las necesidades electorales aprietan, descubrir de repente el
lenguaje de la soberanía.
Pero hay cuestiones significativas y relevantes que vale la
pena consignar:
El gobierno de Milei hace pocas semanas había llevado al
Congreso Nacional La “Ley de entrega de nuestro territorio”, con el título de “Ley
de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que entregaba a Capitales extranjeros
el territorio nacional.
Esta administración envió las reservas de oro del Banco Central a Inglaterra, cabe señalar y preguntarse cómo aplicará sanciones económicas sin que Gran Bretaña decomise el oro argentino que el Gobierno entregó.
Acordó un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que destruye el futuro de varias generaciones, entregando la soberanía en las decisiones económicas y políticas.
Recordemos que Kristalina Giorgieva se reunió a dar órdenes al gabinete de
ministros y fue a Vaca Muerta a marcar “SU” territorio.
Con la Ley Bases y el establecimiento del Régimen de
Incentivo para Grandes Inversiones ha otorgado a los proyectos de las Corporaciones Extranjeras que ingresen al régimen “certidumbre, seguridad jurídica y protección especial por 30 años” frente a eventuales incumplimientos del Estado. El régimen incluye expresamente a los sectores de petróleo y gas.
El gobierno de Milei blindó las inversiones de grandes capitales permitiendo el saqueo fronteras adentro, llevando de ser necesario sus controversias con el Estado a instancias arbitrales externas y favorables a las Empresas.
No puede hablar de soberanía un gobierno que utiliza las
armas del Estado contra su pueblo, contra los jubilados y jubiladas, las
personas con discapacidad, docentes, personal de salud etc. Ya que la soberanía no es del gobierno, la soberanía es del pueblo.
El relato del Gobierno las supuestas sanciones ¿y el RIGI?
Rockhopper y Navitas ya habían sido alcanzadas por medidas
argentinas antes de esta cadena nacional.
Argentina había declarado ilegales y clandestinas las
actividades de Navitas en 2022 y había aplicado la legislación que permite
inhabilitar compañías vinculadas a la exploración de hidrocarburos sin
autorización argentina. Cancillería registra entre las compañías ya
sancionadas o inhabilitadas a Rockhopper y Navitas, además de otras petroleras
que operaron en la zona. Reuters confirmó que ambas empresas ya estaban
descalificadas para operar en Argentina durante 20 años. Cuatro años antes de
Lo anunciado ahora por Milei.
Durante 2024 y 2025 el proyecto siguió avanzando. La decisión final de inversión fue anunciada en diciembre de 2025. Y hoy, ante la caída de su imagen electoral, el gobierno de Milei se monta curiosamente en la “Causa Malvinas”
La Administración Milei acaba de anunciar que ya existen 45
posibles sanciones contra individuos y empresas vinculados con emprendimientos petroleros en Malvinas, y presenta la medida como una demostración de firmeza frente al avance de Sea Lion. Pero ¿Què pasa con las empresas beneficiadas con el RIGI?
Del petróleo de Malvinas al RIGI: las conexiones empresariales
La relación entre el negocio petrolero desarrollado por empresas británicas e israelíes en aguas circundantes a las Islas Malvinas y algunas de las grandes inversiones promovidas actualmente en la Argentina a través del RIGI no siempre aparece a simple vista. Para encontrarla hay que seguir el recorrido de las empresas, sus fusiones y sus cambios de nombre.
El caso más significativo es el de Harbour Energy.
El yacimiento offshore Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas y considerado uno de los principales proyectos petroleros desarrollados en la zona disputada, fue impulsado inicialmente por la empresa británica Rock Hopper Exploration. Posteriormente, Rockhopper se asoció con Premier Oil, otra compañía británica, que pasó a tener una participación mayoritaria y a desempeñar un papel central en el desarrollo del proyecto.
Premier Oil invirtió durante años cientos de millones de dólares en Sea Lion. Es decir: no se trató de una empresa marginal ni de un simple inversor financiero. Fue uno de los actores centrales en el intento de transformar las reservas de petróleo de Malvinas en un negocio comercial.
La conexión con el presente aparece cuando se sigue la historia corporativa de Premier Oil.
En 2021, Premier Oil se fusionó con Chrysaor, dando origen a la actual Harbour Energy. De esta manera, los activos, negocios y antecedentes corporativos de Premier quedaron incorporados dentro de Harbour Energy. Por eso, aunque hoy el nombre Premier Oil ya no aparezca, existe una continuidad empresarial concreta entre aquella compañía que participó del desarrollo petrolero de Sea Lion y Harbour Energy.
Posteriormente, Harbour Energy se retiró del proyecto Sea
Lion y su posición fue transferida a Navitas Petroleum, empresa israelí
que actualmente encabeza el desarrollo del emprendimiento junto con Rockhopper.
Pero Harbour Energy no desapareció del mapa argentino. Por
el contrario, la compañía participa actualmente en el proyecto Southern
Energy, destinado a la exportación de gas natural licuado desde la
Argentina y vinculado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el
RIGI.
Aquí está la conexión central:
La empresa Harbour Energy, que participa de un proyecto
que busca obtener los beneficios extraordinarios del RIGI en la Argentina, es
la continuadora corporativa de Premier Oil, una de las principales empresas que desarrolló e invirtió en el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
La cadena empresarial puede resumirse así:
Rockhopper Exploration + Premier Oil
→ desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
→ Premier Oil se fusiona con Chrysaor
→ nace Harbour Energy
→ Harbour hereda la continuidad corporativa de Premier
→ Harbour participa actualmente en Southern Energy en Argentina
→ Southern Energy se encuentra vinculado al RIGI.
Mientras tanto, tras la salida de Harbour del proyecto Sea Lion, la participación pasó a manos de Navitas Petroleum, la empresa israelí que hoy, junto con Rockhopper, encabeza el desarrollo petrolero del yacimiento.
Por un lado, el Estado argentino sostiene formalmente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y denuncia la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa.
Por otro, el gobierno de Javier Milei impulsa un régimen de beneficios extraordinarios para grandes capitales —el RIGI— del que participa una empresa como Harbour Energy, heredera corporativa de Premier Oil, una de las compañías que durante años estuvo directamente involucrada en el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.
La misma continuidad empresarial que une a Premier Oil con
Harbour Energy permite observar cómo empresas que participaron activamente del negocio petrolero de Malvinas continúan desarrollando grandes negocios en la
Argentina y accediendo a un escenario de incentivos y beneficios para las
inversiones.
La trama empresarial revela una complejidad que muchas veces queda oculta detrás de las fusiones, adquisiciones y cambios de nombre de las
grandes corporaciones petroleras.
Harbour Energy, hoy socia de Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar LNG en el proyecto Southern Energy vinculado al RIGI, participó originalmente con otro nombre Premier Oil en el emprendimiento petrolero de Sea Lion en aguas de Malvinas.
La conexión surge de su continuidad corporativa con Premier Oil, empresa británica que tuvo una participación central en el desarrollo de aquel proyecto de explotación de hidrocarburos realizados sin autorización de la Argentina.
Tras fusionarse Premier Oil con Chrysaor nació Harbour Energy, incorporando esa historia empresarial a una nueva estructura corporativa. La sucesión de fusiones y
transferencias de activos vuelve más compleja la identificación de
responsabilidades y vínculos: las empresas cambian de nombre, se reorganizan y
venden participaciones, pero las continuidades económicas y corporativas
permiten que una compañía que hoy busca desarrollar grandes negocios bajo el
paraguas del RIGI sea heredera de una empresa que participó activamente en el
proyecto petrolero considerado ilegítimo por la Argentina en Malvinas.
En este contexto, la relación entre el RIGI y el petróleo de Malvinas no debe buscarse únicamente en los nombres actuales de las empresas.
También debe seguirse el recorrido del capital: fusiones, adquisiciones,
transferencias de activos y continuidades corporativas que permiten que las
mismas estructuras empresariales cambien de nombre sin que desaparezca
necesariamente su historia económica.
El RIGI, saqueo como en Malvinas, pero fronteras adentro
¿Cómo se puede denunciar el saqueo de nuestros recursos en
Malvinas, cuando se impulsa lo mismo dentro del territorio nacional, se
construye un régimen destinado precisamente a otorgarles seguridad jurídica,
estabilidad y mecanismos privilegiados para defender el saqueo y sus intereses
frente al Estado?
La Ley Bases establece que el Régimen de Incentivo para
Grandes Inversiones otorga a los proyectos que ingresen al régimen
“certidumbre, seguridad jurídica y protección especial” frente a eventuales
incumplimientos o reclamos del Estado. El régimen incluye expresamente a los
sectores de petróleo y gas.
La reglamentación del RIGI establece mecanismos de arbitraje
para resolver las disputas entre el Estado y las empresas adheridas,
incluyendo controversias relacionadas con los derechos, beneficios e incentivos
otorgados por el régimen. También contempla indemnizaciones por daños, lucro
cesante y afectación de la ecuación económica-financiera de los proyectos.
Es decir, mientras Milei anuncia sanciones contra empresas
que explotan recursos argentinos sin autorización en Malvinas, su Gobierno
ofrece dentro del territorio nacional un marco jurídico diseñado para blindar
las inversiones de grandes capitales y permitirles el saqueo fronteras adentro,
llevando de ser necesario sus controversias con el Estado a instancias
arbitrales externas y favorables a las corporaciones.
¿Estamos frente a un verdadero cambio de política sobre
nuestros recursos naturales o frente a una operación discursiva en plena
coyuntura electoral?
¿Quién controla el petróleo, el gas, el litio, la pesca,
los minerales, el agua y toda la riqueza que produce nuestro territorio?
¿QUIÉN VA A DEFENDER NUESTROS RECURSOS?
La defensa de Malvinas y de nuestros recursos naturales no
puede quedar en manos de la burguesía nacional ni de sus representantes
políticos. No podemos esperar que quienes hacen negocios con las
multinacionales, quienes entregan nuestros recursos a cambio de inversiones y
quienes ponen al Estado al servicio de la rentabilidad privada sean quienes
enfrenten al capital imperialista.
La experiencia lo demuestra: cambian los discursos, cambian
las banderas y cambian las promesas electorales, pero cuando llega la hora de
decidir quién se queda con la riqueza, la burguesía termina defendiendo sus
propios intereses de clase.
La verdadera defensa de nuestros bienes comunes sólo puede
venir de abajo: de la clase trabajadora y del pueblo pobre organizados,
de quienes producen la riqueza y, sin embargo, son expulsados de sus
beneficios.
Petróleo, gas, minerales, pesca, agua, tierras, energía,
industria y transporte no pueden seguir funcionando como negocios privados
destinados a enriquecer a una minoría. El aparato productivo del país debe
estar al servicio de las necesidades de la sociedad y no de la ganancia de unos
pocos.
Sólo un pueblo trabajador organizado puede tomar medidas
verdaderamente radicales contra los intereses de los capitales multinacionales
que vienen a saquear nuestros territorios. Y eso significa discutir quién
controla la producción, quién decide qué se produce y para quién, qué hacemos
con nuestras riquezas y, fundamentalmente, como se distribuye el fruto de
nuestro trabajo.
Porque la soberanía no consiste solamente en cambiar una
bandera por otra.
Soberanía es que las riquezas de un país estén en manos
de quienes las producen y al servicio de quienes las necesitan.
Y esa pelea no la va a dar ningún gobierno y ningún ejército
de los empresarios.
La va a dar la clase trabajadora y el pueblo pobre,
organizados desde abajo.
Ver menos
Comentarios