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Paraguay: el Estado y el Poder Financiero saquean los fondos del pueblo Trabajador. La movilización popular y la crisis política voltearon al Gobierno de Santiago Peña

Foto del escritor: Omar Rombolá
Omar Rombolá
6 nov
8 min de lectura

Omar Rombolá para Karne de Máquina


Renunció el presidente del Banco Central, y hoy acaba de Renunciar el presidente de la nación, quedaron comprometidos fondos del sistema previsional y crecen los reclamos populares.
Renunció el presidente del Banco Central, y hoy acaba de Renunciar el presidente de la nación, quedaron comprometidos fondos del sistema previsional y crecen los reclamos populares.

La crisis de Ueno Bank expone los vínculos entre el gobierno de Santiago Peña, los grupos económicos y los recursos públicos.

Renunció el presidente del Banco Central, y hoy acaba de Renunciar el presidente de la nación, quedaron comprometidos fondos del sistema previsional y crecen los reclamos populares.

La crisis que atraviesa Paraguay no puede explicarse solamente como la caída de una entidad bancaria.

La intervención de Ueno Bank, el deterioro de su situación patrimonial, la renuncia del presidente del Banco Central y ahora del presidente de la Nación, pusieron al descubierto un problema mucho más profundo: la relación entre el poder político, los grandes grupos económicos y el manejo de los recursos públicos.

La movilización popular, que anoche enfrentó la represión, entró en escena en la crisis, haciendo temblar al gobierno del Estado.

Así el Poder Timbea "la de los y las Trabajadoras"

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.

La decisión implica la intervención de la entidad para verificar sus activos, determinar su situación patrimonial y establecer cómo se protegerán los depósitos.

Pero ¿cómo llegó hasta acá una entidad que había experimentado un crecimiento acelerado y que contaba con millones de clientes?

Un banco de crecimiento acelerado y conexiones políticas

Ueno Bank se convirtió en uno de los principales actores del sistema financiero paraguayo. Su expansión estuvo acompañada por una fuerte presencia en el mercado digital y por la administración de importantes recursos públicos.

El problema es que detrás de ese crecimiento aparecen operaciones crediticias con empresas vinculadas al mismo grupo económico propietario del banco, cuestionamientos sobre la calidad de sus activos y advertencias regulatorias que, según las investigaciones periodísticas, se habían acumulado durante meses.

La situación adquiere una dimensión política particular por los antecedentes de sus principales protagonistas.

Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central, había estado al frente de Ueno hasta 2023. Por su parte, el presidente Santiago Peña había mantenido vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad hasta marzo de 2025.

Es decir, el organismo encargado de controlar el sistema financiero estaba encabezado por un funcionario con antecedentes directivos en el banco intervenido, mientras que el presidente de la República también tenía antecedentes de vinculación empresarial con el grupo económico.

Estos vínculos desnudan claros conflictos de intereses.

Los fondos jubilatorios de los trabajadores, en el centro de la crisis

Uno de los aspectos más preocupantes es la exposición del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra los recursos destinados a las jubilaciones y prestaciones de millones de trabajadores paraguayos.

Según información publicada el 4 de noviembre, el IPS tenía aproximadamente 355 millones de dólares depositados en Ueno Bank.

No estamos hablando de capitales privados de un grupo inversor. Estamos hablando de fondos que pertenecen al sistema previsional y que tienen como finalidad sostener las jubilaciones y la seguridad social.

¿con qué criterios se colocaron esos recursos?, ¿quién autorizó las operaciones?, ¿qué mecanismos de evaluación de riesgos se utilizaron?, ¿por qué semejante volumen de fondos previsionales quedó expuesto a una entidad que ya estaba bajo observación por insolvente?

El Gobierno y las autoridades financieras deberán explicar estas decisiones. La protección de los ahorros de los trabajadores no puede quedar subordinada a los intereses de los grupos económicos ni a las relaciones políticas entre empresarios y funcionarios.

La crisis tampoco apareció de un día para otro.

Investigaciones de la prensa paraguaya señalaron que dentro del Banco Central existían al menos diez advertencias, entre informes, memorandos y notificaciones, relacionadas con las operaciones de Ueno Bank.

También se habían formulado observaciones sobre los préstamos a empresas vinculadas al grupo propietario, la situación de determinadas carpetas crediticias y la necesidad de adoptar medidas de regularización.

Sin embargo, la intervención llegó después de un prolongado proceso de supervisión y cuestionamientos.

La pregunta central es por qué los mecanismos de control no funcionaron y se llegó a esta situación.

La renuncia de Carvallo y la responsabilidad política

En medio del escándalo, Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a pedido de Santiago Peña.

La salida del funcionario no resuelve las preguntas sobre la supervisión de la entidad ni sobre la exposición de los fondos públicos. Por el contrario, profundiza la discusión acerca de las responsabilidades institucionales y políticas.

La crisis también repercutió en los mercados: los bonos de Ueno sufrieron fuertes pérdidas y se deterioró la percepción de riesgo sobre la entidad. La situación amenaza además con afectar la confianza de los inversores en el sistema financiero paraguayo.

El Banco Central se esfuerza rn sostiener que se trata de un caso particular y que no existe una crisis generalizada del sistema bancario. Esa distinción no elimina la gravedad de lo ocurrido ni las responsabilidades de los funcionarios del Estado y los Directivos de la empresa.

Sin embargo qué sucedería si esta maniobra que genera lógica desconfianza en la población empuja a un retiro masivo de depósito?, el fantasma del 2001 argentino sobrevuela la escena.

Poner la plata de los y las Jubiladas en la timba financiera y empresarial no es al exclusivo a la política Paraguaya, habría que preguntar a Caputo y Milei que están haciendo con el Fondo de Garantías y Sustentabilidad.

Argentina: El Fondo de Garantías y Sustentabilidad, La Desregulación y el Negocio Financiero.

Cuando los Fondos del Pueblo Trabajador Se Convierte en Capital Disponible Para los Grupos Concentrados.

La crisis paraguaya de Ueno Bank deja una pregunta que trasciende las fronteras: ¿qué ocurre cuando los recursos destinados a garantizar la seguridad social de los trabajadores quedan expuestos a las decisiones de los gobiernos, los intereses de los grupos económicos y la lógica de los mercados financieros?

En Argentina, esa pregunta tiene un capítulo propio. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, creado para preservar y fortalecer los recursos del sistema previsional, constituye una pieza central de esta discusión.

La comparación con Paraguay no significa que ambos casos sean idénticos. Pero permite observar un problema común: la utilización de recursos estratégicos de la sociedad dentro de un esquema económico donde el Estado puede terminar funcionando como garante de las operaciones del capital privado, mientras los trabajadores cargan con los riesgos.

Hay que analizar qué lugar ocupan los fondos previsionales en el programa económico de Javier Milei y Federico Sturzenegger, y cómo se relaciona la desregulación interna con la circulación internacional de capitales y la concentración de la riqueza.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad: ¿reserva previsional o respaldo del endeudamiento?

El FGS fue creado en 2007 y reorganizado tras la reestatización del sistema previsional público en 2008.

Su función debería ser preservar el valor de los activos previsionales, amortiguar las crisis económicas y contribuir a garantizar el pago de jubilaciones y pensiones.

El propio decreto de creación establece que sus recursos pertenecen exclusiva y excluyentemente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También establece que deben invertirse bajo criterios de seguridad y rentabilidad, preservando su carácter previsional.

Pero hay una cuestión central: ¿quién utiliza esos recursos, en beneficio de quién y bajo qué criterios de riesgo?

A diciembre de 2025, según el último anuario oficial de ANSES disponible, el FGS tenía activos por $106,1 billones. Su composición era la siguiente:

75,6% en títulos públicos nacionales.

16,3% en acciones de empresas.

El resto distribuido entre proyectos productivos, infraestructura, préstamos y otras inversiones.

Es decir, más de tres cuartas partes de la cartera estaban colocadas en deuda del propio Estado nacional.

Esto plantea una contradicción estructural. El Estado es responsable de garantizar las jubilaciones, pero al mismo tiempo utiliza instrumentos de deuda que forman parte de sus propios compromisos financieros.

El fondo previsional queda así expuesto a la capacidad de pago del mismo Estado que debe garantizar las prestaciones.

Así las decisiones de inversión priorizan las necesidades financieras del Gobierno.

Hay otra cuestión que merece atención: la participación accionaria del FGS en empresas privadas. Esos activos representan derechos económicos y patrimoniales que pertenecen al sistema previsional.

La pregunta a Milei y Caputo no es solamente cuánto dinero tiene el FGS. Es qué destino se les está dando a esos activos, qué compromisos financieros respaldan y quién termina beneficiándose de las decisiones adoptadas.

Sturzenegger, Milei y la desregulación:

Liberar al capital de sus restricciones

La política de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger y Javier Milei forma parte de una transformación más amplia de las relaciones entre el Estado, el capital financiero y la economía productiva.

El DNU 70/2023 estableció como orientación general la desregulación de la economía, la eliminación de restricciones a la actividad privada y la libre circulación de bienes, servicios y trabajo.

A esto se sumaron las reformas de la Ley Bases y una serie de disposiciones destinadas a modificar las condiciones de inversión, contratación y funcionamiento de los mercados.

Un ejemplo particularmente significativo es el DNU 1017/2024, que habilitó las hipotecas divisibles y la posibilidad de cederlas, securitizarlas, incorporarlas a fideicomisos financieros y emitir letras hipotecarias.

¿Qué significa esto? Que determinados derechos de crédito vinculados a desarrollos inmobiliarios pueden transformarse en instrumentos negociables en los mercados de capitales. La propiedad y el crédito pasan a formar parte de circuitos financieros más amplios.

Esto permite que los derechos sobre activos y deudas se conviertan en productos financieros, multiplicando las posibilidades de intermediación, especulación y concentración.

La pregunta política es quién controla esos circuitos, quién accede al financiamiento y quién asume las consecuencias cuando las operaciones fracasan.

La desregulación tampoco significa ausencia del Estado. El Estado sigue interviniendo, mientras reduce mecanismos de protección, controles y regulaciones que condicionaban a determinados sectores empresariales, conserva herramientas para garantizar contratos, sostener la estabilidad financiera, negociar con organismos internacionales y asegurar las condiciones de funcionamiento de los mercados.

En otras palabras, no desaparece el Estado: sino que fortalece su rol represivo contra los de Abajo, garantizando el saqueo y la ganancia de los de Arriba.

La circulación internacional del capital:

Las fronteras se abren para el dinero, pero no para los trabajadores, que son sometidos a la violencia de los controles migratorios.

La política económica argentina debe analizarse también en el contexto de la reorganización internacional del capital.

Los grandes fondos de inversión, bancos, corporaciones transnacionales y grupos financieros operan a escala global.

Buscan mercados donde colocar excedentes, comprar activos a precios convenientes, obtener rentabilidades elevadas y trasladar sus ganancias hacia otros territorios.

En ese circuito, los países periféricos como Argentina ocupan una posición subordinada: necesitan divisas, financiamiento externo y acceso a los mercados internacionales. Esa necesidad constituye una herramienta de presión de los organismos financieros y los grandes acreedores.

Argentina dio un paso importante en esa dirección el 11 de abril de 2025, cuando el Banco Central anunció la tercera fase del programa económico: eliminó restricciones cambiarias para las personas, flexibilizó los pagos de importaciones y habilitó la distribución de utilidades a accionistas del exterior correspondientes a ejercicios iniciados en 2025.

También permitió que determinados inversores no residentes pudieran acceder al mercado oficial para repatriar nuevas inversiones.

Estas decisiones forman parte de los compromisos asumidos con el FMI. Esto modifica las condiciones de circulación internacional de los capitales y las posibilidades de entrada y salida de divisas.

Mientras el Gobierno impone sacrificios a los trabajadores, reduce jubilaciones en términos reales y ajusta el gasto social, facilita mecanismos de exportación de capitales a favor de los grupos concentrados.

La salida sigue estando en el Abajo

Organizarnos los y las trabajadoras para recuperar el control de los recursos que producen y sostienen la sociedad.

- Defensa de los fondos jubilatorios y de la seguridad social bajo control de trabajadorxs y jubiladxs.

- Ruptura con la dependencia del capital financiero y los organismos de crédito internacionales.

- Organización desde los lugares de trabajo, sindicatos de base, asambleas y organizaciones territoriales.

- Control popular y democrático de los recursos estratégicos, la banca y el crédito.

- Construcción de una fuerza social autónoma, independiente de los gobiernos, las patronales y las burocracias sindicales.

Se trata de construir poder organizado desde abajo, con democracia directa, solidaridad de clase, acción directa y federalismo. La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores.

Es utópico?

Lo verdaderamente utópico es esperar que quienes concentran la riqueza, administran el poder y se benefician de la explotación del pueblo trabajador vayan a resolver los problemas que ellos mismos producen, en favor de quienes los padecen. No podemos depositar nuestra emancipación en la voluntad de los poderosos, ni esperar que los gobiernos, las patronales o los organismos financieros renuncien voluntariamente a sus privilegios. La verdadera transformación no vendrá desde arriba: se construye desde abajo, con organización, conciencia de clase, solidaridad y lucha colectiva. No es una utopía que los trabajadores gobiernen su propio destino; la utopía es creer que quienes viven de nuestra subordinación van a liberarnos.

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