El gobierno argentino impulsa para 2026 un nuevo Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
- Marcela Gutierrez
- 3 feb
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El gobierno argentino impulsa para 2026 un nuevo Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad, con discusiones centradas entre los 13 y 14 años (actualmente en 16), para adolescentes que cometan delitos graves. Desde Karne De Máquina, queremos brindar argumentos para el debate.
Desde el Ejecutivo se sostiene como principal argumento para impulsar la modificación de la edad punible a los 13 años el “crecimiento de los delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes y es uno de los principales problemas de inseguridad”.
Este dato es totalmente falso y cargado de prejuicios.
Así que aunque las estadísticas no muestran la realidad en la que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, evidentemente con abandono estatal, sumidos en la violencia de sus hogares, establecimientos escolares, sin oportunidades reales, atravesados por la problemática de las drogas, si muestran realmente cuantos ingresan al sistema penal. El primer encuentro con el Estado llega en forma de castigo, nunca de prevención, acompañamiento o asistencia. Un niño/a que delinque no es un criminal, es una víctima.
Según el informe del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT) durante 2024, en Argentina se registraron 4.119 niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. De ese total, 865 se encontraban en lugares de encierro, mientras que 2.349 contaban con medidas penales en territorio. También advierte sobre la presencia de niñas, niños y adolescentes menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Al 31 de diciembre de 2024 se registraron 48 NNyA de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban en lugares de encierro. Cabe destacar que se trata de personas no punibles, que no deberían ser alojadas en dispositivos del sistema penal juvenil, sino abordadas por los organismos del sistema de protección integral de derechos, de conformidad con la Ley N.º 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño.
La tasa nacional de encierro del sistema penal juvenil fue de 1,8 jóvenes y adolescentes alojados en lugares de encierro cada 100.000 habitantes. De acuerdo al tipo de delito, predominan aquellos contra la propiedad (57,1%), seguidos por delitos contra las personas (13,9%) y contra la integridad sexual (7,5%), con una mayor aplicación de medidas alternativas al encierro en la mayoría de los casos.
Otro argumento esgrimido es “Hay que encerrarlos para evitar que vuelvan a delinquir”
La privación de libertad debe ser una medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible ya que atenta contra la salud física, mental y emocional de los NNA, favoreciendo la reincidencia. Hay muchos estudios que lo afirman, como por ejemplo la OMS (1) señala que la institucionalización y detención de los NNA, los expone a prácticas inadecuadas, alimentación deficiente, problemas de salud y exposición a violencia sexual, física y emocional. La privación de la libertad provoca deterioros irreversibles en NNA ya que afecta su desarrollo como ser. Esto genera dificultades para (re)insertarse en la sociedad, como por ejemplo, terminar la escuela, y los coloca en un contexto de vulnerabilidad con muy altas posibilidades de reincidir en el delito.
“Bajar la edad de imputabilidad va a bajar los niveles de inseguridad”
La experiencia en otros países que tienen edades de imputabilidad más bajas y una tasa de homicidio más alta que Argentina demuestra lo contrario. Por ejemplo, Brasil y México establecen en 12 años la edad de imputabilidad y tienen un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2023, muy por encima de Argentina que tiene la edad en 16 años y registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes.
Es decir, bajar la edad no ha demostrado ser una política exitosa en términos securitarios.
Los sectores de la sociedad donde calan estos discursos, sostienen que “Entran por una puerta y salen por la otra”
Los datos oficiales disponibles indican lo contrario. En primer lugar, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023, 178 jóvenes tuvieron al menos una medida judicial de privación de libertad o alojamiento en residencias. Se contabilizan allí medidas en centros socioeducativos de régimen cerrado, residencias socioeducativas de libertad restringida y hospitales. Nadie sale de estas instituciones sin daños.
Pero además, es necesario aclarar que los estándares internacionales establecen la priorización de medidas de resolución alternativa de conflictos penales y prácticas restaurativas con niños, niñas y adolescentes infractores a la ley penal. En 2023, se registraron 62 medidas de este tipo.
En un país donde 7 de cada 10 NNA se van a dormir sin cenar, porque sus familias son pobres, porque el Estado no garantiza el acceso a todos sus Derechos, nos oponemos rotundamente a la baja de la edad punible, y en cambio apoyamos la transformación del Régimen Penal Juvenil que se rige por el decreto ley de 1980, instaurado durante la última dictadura cívico militar y no se adecúa a estándares internacionales de derechos humanos como la CDN y la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de NNA.
Debemos entender que nuestras niñas, niños y adolescentes no son peligrosos, sino que están en peligro y que la principal causa de violencia es la falta de oportunidades, en los barrios el hambre, la explotación sexual y laboral, el manejo de los territorios por bandas de drogas, son el único pan de cada día.
En conclusión, el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. No persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables.
Fuentes:
Informes anuales BGD. NNA en la Justicia Nacional de Menores https://www.csjn.gov.ar/bgd/archivos/verDocumento?idDocumento=8595
Fuente: OMS WHO-Europe, POLICY BRIEF: HEALTH CONCERNS AMONG CHILDREN DEPRIVED OF LIBERTY – World Health Organization 2021, Pag 9-10
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