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La llegada de "El Niño"

Foto del escritor: Marcela Gutierrez
Marcela Gutierrez
hace 11 minutos
4 min de lectura

Mientras en gran parte de Abya Yala se espera la Navidad, el fenómeno climático de El Niño ya golpea con inundaciones y sequías. En el norte salteño, las crecidas del Pilcomayo muestran que el agua no cae igual sobre todos los techos.

No todos esperamos al Niño con la misma expectativa. En gran parte de Abya Yala se festeja la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús y sus bendiciones, hoy convertidas en una parafernalia de regalos y consumo. El bienestar que, según pregonan algunos devenidos en economistas, "derrama" desde arriba tampoco llega a toda la población por igual. Y tampoco llegará igual el otro Niño: el climático, más real y tangible, que antes que expectativa genera temor.
No todos esperamos al Niño con la misma expectativa. En gran parte de Abya Yala se festeja la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús y sus bendiciones, hoy convertidas en una parafernalia de regalos y consumo. El bienestar que, según pregonan algunos devenidos en economistas, "derrama" desde arriba tampoco llega a toda la población por igual. Y tampoco llegará igual el otro Niño: el climático, más real y tangible, que antes que expectativa genera temor.

Sus efectos ya se sienten en distintas regiones del continente. Hubo fuertes inundaciones, deslaves y aludes en Chile; aumento de lluvias e inundaciones en sectores de la costa pacífica de Ecuador y Perú, por el calentamiento de las aguas; y alteraciones en los patrones de precipitación, con zonas más húmedas y otras más secas de lo habitual. Las anomalías de lluvias o sequías afectan los cultivos, la disponibilidad de agua y los ecosistemas marinos, con impacto directo en la agricultura, la pesca y la energía. Según la región, el riesgo son las inundaciones, las tormentas intensas o los períodos secos prolongados.

El clima detona, la desigualdad dinamita


Pero el parte meteorológico no cuenta toda la historia. Las inundaciones afectan con mayor intensidad a quienes habitan sectores de riesgo: márgenes de ríos, campamentos y barrios con infraestructura de drenaje insuficiente. Los impactos de El Niño no dependen solo del fenómeno climático, sino también de las condiciones de vulnerabilidad preexistentes y de la capacidad de respuesta de las instituciones.

Ese es el núcleo de lo que se conoce como justicia ambiental: los daños de la crisis ambiental, igual que sus causas, se distribuyen de manera desigual. Quienes menos contribuyen a generarla suelen ser quienes más la padecen.

Un país con casas, pero sin acceso

La situación habitacional argentina lo ilustra. La investigadora del CONICET María Carla Rodríguez señaló que el país tiene aproximadamente 16 millones de hogares y 18 millones de viviendas, pero que cerca de 10 millones de hogares experimentan algún problema habitacional: materiales precarios, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos, problemas de tenencia o regularización, residencia en barrios populares o dificultades con el alquiler.

El mapa, además, es desparejo. En Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, más del 85 por ciento de los hogares urbanos presenta alguna situación de precariedad o falta de servicios básicos. En ciudades patagónicas como Ushuaia, el problema se vincula con el aumento de los alquileres y la turistificación. En la Ciudad de Buenos Aires, la población inquilina ronda el 37 por ciento y mantiene una tendencia ascendente. Hay viviendas, pero no hay acceso. Y cuando llega el agua, esa brecha se vuelve tragedia.

El Pilcomayo y la infancia expuesta


En la cuenca del río Pilcomayo, especialmente en el municipio de Santa Victoria Este (departamento Rivadavia, Salta), habitan históricamente pueblos indígenas como los wichí, chorote (yofwaja), nivaclé o chulupí, y qom (toba). Diversas fuentes sobre las inundaciones recientes mencionan específicamente a las comunidades wichí, chorote, chulupí y toba entre las más afectadas por las crecidas.

Un dato agrava el cuadro: en el departamento Rivadavia, el 41 por ciento de los habitantes tiene menos de 18 años. Cuando el río crece, quienes más lo sufren son niñas, niños y adolescentes. La destrucción de viviendas, el aislamiento, las dificultades de acceso al agua segura, a la alimentación, a la salud y a la educación comprometen el derecho a una vida digna y al desarrollo de las comunidades.


Por eso las crecidas no pueden interpretarse como fenómenos puramente naturales. El evento climático actúa como desencadenante, pero los daños están estrechamente ligados a procesos previos: desigualdad en el acceso a la tierra, a la vivienda y a la infraestructura básica, dificultades de conectividad territorial y exclusión histórica de comunidades indígenas y rurales. El río revela y profundiza desigualdades que ya estaban ahí.

Que la crisis la paguen quienes la provocaron


Hablar de "catástrofe natural" funciona como coartada. La crisis climática tiene responsables: un modelo que quema, extrae, desmonta y contamina sin hacerse cargo de los costos. Un puñado de corporaciones petroleras, mineras, agroindustriales y financieras concentró las ganancias, mientras las inundaciones, las sequías y los desalojos recayeron sobre otros: las comunidades indígenas del Pilcomayo, las familias de los barrios populares, una infancia que ve crecer el río mientras los balances empresarios siguen creciendo.

Se repite, mientras tanto, que no hay recursos para viviendas, agua segura, caminos transitables o sistemas de alerta, pero sí para subsidios y exenciones a quienes contaminan y extraen. De ahí la exigencia: que la reparación, la infraestructura, la vivienda y la restitución de los territorios las paguen los grandes capitales que se enriquecieron destruyendo el ambiente, y no, una vez más, los pueblos que ya pusieron los muertos, el hambre y el desarraigo.

La justicia ambiental empieza por preguntarse quién queda expuesto, quién decide y quién responde. Mientras algunos esperan regalos, otros esperan con miedo que el agua no se lleve lo poco que tienen. La emergencia no termina cuando baja el río: termina cuando se garantiza, en particular a los pueblos indígenas del norte, el derecho a un territorio seguro y a una vida digna.

 
 
 

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