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Bolivia: el acuerdo con la COB, el estado de excepción y la nueva ofensiva del gobierno

  • Foto del escritor: Omar Rombolá
    Omar Rombolá
  • hace 4 días
  • 5 min de lectura

Mientras se prepara un paquete de reformas estructurales que apunta a redefinir el control sobre los recursos estratégicos de Bolivia


Por Omar Rombolá para Karne de Máquina


Apenas cuatro días después de que la Central Obrera Boliviana (COB) firmara el acuerdo con el gobierno de Rodrigo Paz, el mapa político boliviano comenzó a modificarse. Los bloqueos que durante 53 días pusieron en jaque al Ejecutivo empezaron a levantarse y el gobierno pasó rápidamente de una posición defensiva a una ofensiva política que combina acuerdos parciales, endurecimiento represivo, división del frente de lucha obrero y popular, y un paquete económico que busca recomponer la confianza de los mercados.

El gobierno logró restablecer la circulación, garantizar el abastecimiento y abandonar el Palacio Quemado. Sin embargo, aparecen contradicciones difíciles de ocultar.


Luego del acuerdo con la COB el Gobierno pasó a la ofensiva
Luego del acuerdo con la COB el Gobierno pasó a la ofensiva

La COB firma dividiendo el frente de lucha.

La firma del acuerdo del 19 de junio marcó un punto de inflexión.

Mientras la conducción de la COB aceptaba abrir cinco mesas técnicas de negociación con el Ejecutivo para discutir las demandas pendientes y sobre todo las inversiones mineras, las organizaciones campesinas —particularmente la Federación Tupak Katari de las 20 provincias de La Paz— rechazaban el pacto y denunciaban haber sido abandonadas y traicionadas por la principal central sindical del país.

Para muchos sectores movilizados, la decisión de la COB significó romper la unidad construida durante casi dos meses de lucha y dejar aisladas a las organizaciones que sostenían los bloqueos en las rutas, es decir una traición.

Más de una vez las burocracias sindicales terminan actuando como amortiguadores de conflictos sociales que nacen desde abajo, administrando el descontento antes que profundizando la organización independiente de los trabajadores.


Con la firma en el acuerdo con el gobierno la COB dividió al frente de lucha
Con la firma en el acuerdo con el gobierno la COB dividió al frente de lucha

El estado de excepción llegó después del acuerdo

La secuencia política resulta significativa, primero llegó la firma del acuerdo, después apareció el estado de excepción.

Horas después del entendimiento con la COB, Rodrigo Paz decretó un régimen excepcional por noventa días argumentando la necesidad de garantizar el abastecimiento, recuperar las carreteras y preservar el orden público. Cuestión que deja aún más al descubierto a la dirección de la COB como entregadora de la lucha.

La medida habilitó una mayor participación de las Fuerzas Armadas en los operativos de desbloqueo y amplió las facultades estatales para actuar frente a las protestas.

Desde el gobierno se insiste en que no se trata de restringir derechos sino de restablecer la normalidad.

Sin embargo, para numerosos sectores sociales el mensaje fue otro: una vez dividido el movimiento popular mediante la negociación de la COB, el Ejecutivo quedó en mejores condiciones para avanzar sobre quienes continuaban resistiendo.


El estado de excepción vino con persecución política
El estado de excepción vino con persecución política

La criminalización continúa

El caso de la exministra de Culturas y exconcejal Wilma Alanoca se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de esta nueva etapa.

Su detención preventiva y las investigaciones judiciales abiertas bajo el paraguas del estado de excepción alimentan las denuncias de persecución política realizadas por diversos sectores opositores.

Al mismo tiempo, el discurso oficial profundiza la identificación entre protesta social, desestabilización política y narcotráfico, una narrativa que busca legitimar la excepcionalidad institucional mientras desplaza del centro del debate las causas materiales que originaron el conflicto.


La economía sigue siendo el verdadero problema

Aunque las rutas fueron liberadas, la crisis económica no desapareció. Las largas filas para conseguir combustible continúan siendo parte de la vida cotidiana en Bolivia. El desabastecimiento persiste. La desconfianza sobre la calidad de los combustibles distribuidos meses atrás tampoco terminó de disiparse. Y ahora el gobierno suma un nuevo giro económico.

Durante el último fin de semana de junio anunció la flexibilización del régimen cambiario, permitiendo que el dólar alcance los 10 bolivianos mientras el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, promete que la cotización retrocederá en pocas semanas. La apuesta oficial consiste en atraer divisas, recuperar reservas internacionales y enviar señales positivas hacia los mercados. Pero una devaluación nunca es neutra.

Cuando una moneda pierde valor, quienes primero sienten el impacto son quienes viven de un salario fijo, los pequeños productores y los sectores populares, cuyos ingresos corren detrás de los precios.

Los "dolarcitos" que el gobierno promete atraer desde el exterior, que obviamente faltan en el mercado boliviano, son y serán sin duda, para millones de trabajadores, más inflación, menor poder adquisitivo.


La región también juega

Lo ocurrido en Bolivia no puede analizarse únicamente como un conflicto interno.

El respaldo diplomático recibido por el gobierno desde distintos actores regionales y el acompañamiento expresado en la Organización de Estados Americanos (OEA) muestran que existe una preocupación continental por la estabilidad institucional del país. Mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban dificultades para intervenir durante la crisis, el gobierno impulsó la llegada de una comisión integrada por excancilleres para evaluar los hechos desde la perspectiva oficial. Recordemos que en pleno conflicto llegaban desde Argentina pertrechos represivos.

En paralelo, el Ejecutivo consolidó apoyo internacional, incluido el respaldo explícito de representantes estadounidenses, en un contexto donde Bolivia intenta recuperar credibilidad económica frente a organismos financieros e inversores.


La Perspectiva del Gobierno de Rodrigo Paz

El gobierno de Rodrigo Paz impulsa un paquete de reformas estructurales que apunta a redefinir el control sobre los recursos estratégicos de Bolivia. La iniciativa incluye una nueva Ley del Litio para ampliar la participación del capital privado y extranjero en uno de los principales activos del país.

Una reforma de la Ley de Hidrocarburos destinada a flexibilizar las condiciones de inversión en el sector energético, modificaciones a la Ley Minera para otorgar mayores garantías a las empresas extractivas y un programa de desregulación económica conocido como "Tranca Cero", orientado a reducir controles estatales y facilitar el ingreso de capitales internacionales.

En conjunto, estas medidas representan un cambio profundo respecto del modelo de administración estatal consolidado tras las nacionalizaciones de la década de 2000 y son interpretadas como el inicio de un nuevo ciclo de privatización y cesión de áreas estratégicas de la economía boliviana a corporaciones internacionales.


 Las causas profundas del conflicto siguen presentes. La crisis económica continúa. El abastecimiento de combustible aún presenta dificultades. Las organizaciones campesinas anunciaron procesos de reorganización.
 Las causas profundas del conflicto siguen presentes. La crisis económica continúa. El abastecimiento de combustible aún presenta dificultades. Las organizaciones campesinas anunciaron procesos de reorganización.

¿Fin del conflicto?

Probablemente no. Los bloqueos terminaron. Pero las causas profundas siguen presentes. La crisis económica continúa. El abastecimiento de combustible aún presenta dificultades. Las organizaciones campesinas anunciaron procesos de reorganización.

La legitimidad política del gobierno aparece debilitada incluso después de haber recuperado el control territorial. La instalación de cinco mesas técnicas entre la COB y el Ejecutivo profundiza la responsabilidad de la dirección de la COB en su política de dividir y debilitar la lucha del pueblo y favorecer al gobierno entreguista y represor.

De hecho, es un espacio donde se diluyen los reclamos que durante 53 días movilizaron a miles de trabajadores, campesinos e indígenas.

La historia latinoamericana demuestra que la paz social obtenida mediante acuerdos entre gobiernos y conducciones sindicales burocráticas difícilmente se sostiene cuando las condiciones materiales que originaron la protesta permanecen intactas.

La pregunta ya no es si volverán las movilizaciones. La verdadera incógnita es quién conducirá el próximo ciclo de luchas y si las bases volverán a depositar su confianza en direcciones que, para muchos, terminaron traicionando y administrando la retirada en lugar de profundizar el conflicto para obtener un triunfo del pueblo trabajador.

¿La clase trabajadora boliviana y el pueblo pobre volverán a delegar su voluntad o tomarán la vida en sus propias manos?

 

 
 
 

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